CLASE 14: LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. EL RETORNO A LA DEMOCRACIA

CON LA CLASE DE HOY TERMINAMOS LA UNIDAD 5, por lo que la semana próxima van a tener colgado en el grupo de facebook el tutorial para el parcial. A trabajar!
AL PIE DE LA CLASE DE HOY ESTÁ LA ACTIVIDAD OBLIGATORIA DE ESTA SEMANA.

LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

El Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 a partir de un golpe de estado que derrocó al gobierno constitucional de la presidente María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas. Esta etapa, a la que suele referirse simplemente como «el Proceso», es considerada «la dictadura más sangrienta de la historia argentina». Se caracterizó por el terrorismo de estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, el robo sistemático de recién nacidos y otros crímenes de intensa violencia y lesa humanidad. Un largo derrotero judicial y político ha permitido condenar a parte de los responsables en juicios que aún continúan su curso.

El golpe de estado perpetrado el miércoles 24 de marzo de 1976 comenzó su preparación con mucha anticipación. Para entonces, la Argentina era el único país del Cono Sur que mantenía un régimen democrático, en tanto que todos los países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares (Banzer en Bolivia, Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay y Bordaberry en Uruguay), sostenidas por Estados Unidos en el contexto de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

A mediados de 1975 una delegación de empresarios liderada por José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino se entrevistó en secreto con el entonces general Jorge Rafael Videla, comandante en jefe del Ejército, para expresarle la preocupación de los grandes grupos económicos porque "se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad" y solicitarle a las Fuerzas Armadas que aseguraran "el imperio del orden sobre todas las cosas". Desde ese momento, las reuniones entre empresarios y militares se hicieron frecuentes, con la destacada mediación de Jaime Perriaux, director de empresas como La Vascongada y Citroën. La última de esas reuniones se realizó con el entonces almirante Eduardo Massera, comandante en jefe de la Armada.

En octubre de 1975, los militares y empresarios golpistas comenzaron a reunirse con la jerarquía de la Iglesia Católica y de líderes de partidos políticos como la Unión Cívica Radical y el Partido Federal, que se comprometieron a no oponerse.

En febrero de 1976 el entonces general Roberto Eduardo Viola elaboró el plan de operaciones del golpe. El plan contemplaba la necesidad de "encubrir" como "acciones antisubversivas", la detención clandestina de activistas y opositores, desde la noche misma del golpe.

Es posible que la conducción de Montoneros supiera de la proximidad del golpe incluso con mucho más detalles que la sospecha generalizada de golpe. Firmenich dijo sobre ello: "no hicimos nada por impedirlo porque, en suma, también el golpe formaba parte de la lucha interna en el movimiento Peronista".

El 21 de marzo de 1976 el diario derechista La Nueva Provincia de Bahía Blanca criticaba a los políticos que daban prioridad a mantener el régimen democrático y reclamaba abiertamente el golpe militar:

«A las elecciones con muletas», dejó escapar, en alguna ocasión, el líder radical (Ricardo Balbín). No interesa cuál sea el precio, no importan las consecuencias ni el estado de la República. Lo importante es llegar... Quizás porque subyugado con aquellas palabras de Almafuerte supone "curables" los males argentinos cinco minutos antes que muera la República? ¡Qué increíble ceguera! No cabría pensar, mejor, con el egregio Lugones, que otra vez LA HORA DE ESPADA se cierne insoslayable, para bien del mundo?

Diario La Nueva Provincia, 21-02-1976.

En el ámbito internacional, el golpe fue previsto por la inteligencia estadounidense y anticipado por William P. Rogers al Secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, en su reunión semanal el día 24 de marzo de 1976.25 Este expresó su apoyo expresando el interés de Estados Unidos en el golpe, y su deseo de alentarlos y no hostigarlos, a pesar de las advertencias de William P. Rogers acerca del probable baño de sangre y las matanzas no sólo a terroristas sino a disidentes en sindicatos y partidos políticos.

A la una de la madrugada del 24 de marzo de 1976, el general José Rogelio Villarreal inició el golpe de estado diciéndole a la presidenta Isabel Martínez de Perón: Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada.

Simultáneamente con el golpe, esa misma noche, se realizaron centenares de secuestros y arrestos, principalmente de activistas y dirigentes sindicales en áreas industriales estratégicas, como el Gran Buenos Aires, Córdoba y la zona que se extiende desde el Gran Rosario hasta San Nicolás.

El primer día la Junta Militar dictó 31 comunicados. El comunicado Nº 1 dice:

Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las FF.AA. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones.

El comunicado N.º 19 estableció:

Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.

Ese mismo primer día se impuso la pena de muerte y los Consejos de Guerra (Ley 21.264):

Art.1 El que públicamente por cualquier medio, incitare a la violencia colectiva y / o alterare el orden público, será reprimido por sola incitación, con reclusión hasta diez años. Art. 2. El que alterare en cualquier forma contra los medios de transporte, de comunicación, usinas, instalaciones de gas o agua corriente u otros servicios públicos, será reprimido con reclusión por tiempo determinado o muerte... Art.5 ...el personal militar de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas policiales hará uso de las armas en caso de que la persona incurra en alguno de los delitos previstos de dos a cuatro precedentes... Art. 7 Créanse en todo el territorio del país los Consejos de Guerra Especiales Estables...que juntamente con los Consejos de Guerra Permanente para el Personal Subalterno de las Tres Fuerzas Armadas, conocerán en el juzgamiento de los delitos que prevé la presente ley. Art 10. La presente ley será aplicable a toda persona mayor de dieciséis años.

Roberto Cox, cuando era director del Buenos Aires Herald manifestó en un reportaje concedido a un semanario político al ser preguntado si había estado a favor del golpe, respondió: “por supuesto, el país no aguantaba más la situación en que estaba sumido”.

Por su parte el periodista A. Graham-Yooll afirmó: “el establishment, el país, gran parte de la clase media, yo diría la clase trabajadora también, apoyó el golpe. Claro que había una enorme parte de la población que estaba comprometida políticamente que no lo hizo”. Jorge Fontevecchia escribió que "En 1976 no se podía saber que la última dictadura sería infinitamente más cruel y macabra que las anteriores y, aunque duela reconocerlo, una parte muy numerosa de la sociedad apoyó el derrocamiento del gobierno democrático de Isabel Perón".

El mismo 24 de marzo de 1976, los golpistas organizaron un gobierno dictatorial que impuso, como "órgano supremo del Estado", una Junta de Comandantes de las tres fuerzas armadas (ejército, marina y aviación). El origen tripartito del poder, durante el Proceso de Reorganización Nacional, estableció una situación de independencia virtual de cada fuerza que, en más de una ocasión, llevó a que actuaran sin comunicación alguna entre ellas y hasta a enfrentarse entre sí. La primera junta militar estuvo integrada por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Marina) y Orlando Ramón Agosti (Aviación).

También se dispuso que el mando directo del país quedaría en manos de un "presidente", con facultades ejecutivas, legislativas y judiciales, designado y supervisado por la junta. El primer presidente designado fue el ex general Jorge Rafael Videla.

Los golpistas disolvieron el Congreso Nacional, derrocaron a las autoridades provinciales (gobernadores y legislaturas) y destituyeron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, designando en su lugar a los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada, que asumieron el 2 de abril.

Finalmente la estructura de gobierno nacional se completó con la Comisión Asesora Legislativa (CAL), integrada por tres militares designados por cada fuerza, con "facultades de asesoramiento legislativo en representación de las Fuerzas Armadas".

Los autores e ideólogos del golpe decidieron autodenominarse como Proceso de Reorganización Nacional, aludiendo de ese modo a dos conceptos fundamentales de la dictadura:

a) que se trataba de un "proceso" y que como tal "no tenía plazos sino objetivos";

b) que había que "reorganizar" radicalmente al país, implementando reformas que modificaran profundamente la economía, las relaciones laborales, el sistema político y la cultura nacional.

"En ejercicio del poder constituyente" la Junta de Comandantes impuso una serie de "principios liminares", "objetivos básicos", actas y estatutos para la Reorganización Nacional, al que deberían someterse todas las otras leyes incluida la Constitución vigente, en lo que pudiera resultar aplicable aún. Cuatro fueron la principales normas supraconstitucionales establecidas:

Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo y Comisión de Asesoramiento Legislativo (aprobado por la denominada "ley" 21.256, realizada el 24-03-1976 y publicada el 26-03-76);

Acta para la Reorganización Nacional (realizada el 24-03-1976 y publicada el 29-03-76);

Estatuto para la Reorganización Nacional (publicado el 29-03-76);

Acta fijando el Propósito y los Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional (publicada el 31-03-76).

Cinco días después del golpe, el 29 de marzo, asumió Videla como presidente.

Las empresas y grupos civiles que participaron en la organización del golpe se instalaron principalmente en el Ministerio de Economía, que se le entregó al Consejo Empresario Argentino asumiendo su presidente, el empresario José Alfredo Martínez de Hoz, como ministro. La Secretaría de Ganadería le correspondió a la Sociedad Rural Argentina, representada por Jorge Zorreguieta. Por su parte, el Banco Central le fue entregado a la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), siendo designado el economista Adolfo Diz, ex Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y adscripto a la Escuela de Chicago. Como Secretario de Estado de Programación y Coordinación Económica, fue nombrado Guillermo Walter Klein de la Cámara Argentina de Comercio. El Ministerio de Educación también estuvo a cargo, desde un inicio, de un grupo de civiles provenientes del CONICET (Fundación FECIC), siendo nombrado Ricardo Bruera. Más adelante otros ministerios también quedaron a cargo de los grupos civiles, como el de Justicia, el de Relaciones Exteriores, el de Defensa y el de Salud. Por otra parte, a partir del la "presidencia" de Viola, el Ministerio de Economía se desdobló en varios ministerios que estuvieron a cargo de las organizaciones empresariales.

El esquema del poder dictatorial se completó con la designación de "gobernadores" en cada provincia e "intendentes" en las ciudades. La designación de "gobernadores" en las provincias, recayó casi siempre en un militar, con excepción de caso de Jujuy donde fue designado el político Horacio Guzmán de la Fuerza Federalista Popular. En el caso de los "intendentes" de ciudades, en un gran número de casos se trató de políticos civiles, entre ellas la ciudad de Rosario, la segunda del país. Los partidos políticos, explícita o implícitamente, aportaron un total de 794 "intendentes" de la dictadura.

Simultáneamente, y en superposición con el esquema formal de autoridades, la dictadura mantuvo el sistema de zonificación militar del país, que había sido dispuesto el 28 de octubre de 1975, mediante la Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (Lucha contra la subversión). Según el régimen de zonificación militar, el país quedaba dividido en 5 zonas militares, correspondientes a los cinco cuerpos en que se dividía el ejército. Al comandante de cada cuerpo del Ejército le correspondía hacerse cargo de la zona. Cada zona estaba dividida a su vez en subzonas y áreas, y cada uno de los jefes de zona, subzona y área tenía mando directo para la represión en su jurisdicción. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires era una subzona, ubicada dentro de la Zona 1; a su vez la subzona Ciudad de Buenos Aires, estaba dividida en 6 áreas. Los jefes de zona y subzona actuaban con total autonomía. Su capacidad para tomar decisiones que implicaran violaciones de derechos humanos era absoluta. El General Martín Balza los definió como "señores de la guerra... verdaderos señores feudales...". Al momento del golpe, las cinco zonas estaban al mando de los siguientes generales:

Zona 1: Guillermo Suárez Mason

Zona 2: Ramón Genaro Díaz Bessone

Zona 3: Luciano Benjamín Menéndez

Zona 4: José Montes

Zona 5: Abel Teodoro Catuzzi

Fuera de la estructura de mandos ya descripta, la dictadura creó Grupos de Tareas y centros clandestinos de detención (CCD) que, en algunos casos, dependían directamente de la Marina o de la Fuerza Aérea. Tal fue el caso de la ESMA, el CCD más grande que funcionó en el país.

Durante el Proceso, decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas o forzadas al exilio, como parte del plan de exterminio del gobierno militar, quienes atentaban contra los derechos humanos.

El número exacto de desaparecidos no ha sido establecido: los organismos de derechos humanos estiman la cantidad en unos 30.000; y, hasta 2007, la Subsecretaría de Derechos Humanos tenía registradas aproximadamente 15.000 víctimas. La CONADEP documentó 8.961 casos. En algunos casos aislados supuestos desaparecidos han retornado a la vida pública como la Dra. Carmen Argibay, actual integrante de la Corte Suprema de la República. Dentro de las listas de víctimas figuran también cientos de ciudadanos extranjeros de nacionalidad alemana, española, italiana, griega, sueca, francesa, entre otras.

Entre los desaparecidos se encuentra un número de niños que se estiman entre 250 y 500, los cuales fueron adoptados ilegalmente luego de que nacieran en los centros clandestinos de detención. Existe una organización denominada Abuelas de Plaza de Mayo que se ha dedicado a localizarlos, y que ya ha encontrado a más de 100 nietos secuestrados por la dictadura.

Durante el tiempo de la dictadura militar de 1976 a 1983 funcionaron centros clandestinos de detención, encontrándose a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Garage Olimpo entre los más conocidos en la Ciudad de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires, El Campito (también conocido como Los Tordos), El Vesubio, La Perla, el Pozo de Banfield, en la provincia de Córdoba, Regimiento, La Polaca, Campo Hípico y Santa Catalina en Corrientes.

Estas acciones de represión ilegal, para los defensores de la «teoría de los dos demonios», constituyeron el Terrorismo de Estado y agravaron la situación de ilegitimidad e ilegalidad en que habían incurrido las Fuerzas Armadas al interrumpir el orden constitucional.

Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso fueron investigados en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que produjo el famoso informe Nunca Más.

Por estos crímenes, las tres juntas de comandantes que gobernaron el país entre 1976 y 1982 (se excluye la última) fueron juzgadas y condenadas en 1984. Otros responsables han sido enjuiciados y condenados tanto en Argentina como en otros países. Los procesos han continuado varias décadas después de los hechos.

Dentro del marco ideológico del Proceso, heredero en muchos aspectos del nazismo, el concepto de nacionalidad excluía cualquier forma de heterogeneidad posible. Esta búsqueda de homogeneidad de la sociedad dejaba al costado las minorías tomando en cuenta, por ejemplo, sus raíces (judíos, descendientes de los pueblos originarios, etc.), su orientación sexual y su identidad de género (homosexuales, lesbianas, transexuales, etc.) o sus creencias religiosas (Ateos, Testigos de Jehová, etc.).

Estas minorías fueron tratadas con especial ferocidad por los represores, creándose incluso comandos especiales con dedicación exlusiva (como es el caso del Comando Cóndor, dedicado a perseguir personas homosexuales). En el caso de las víctimas judías, el antisemitismo sistemático llevado a cabo en los distintos centros clandestinos de detención fue un hecho constatado ya desde el informe Nunca Más y por posteriores investigaciones y trabajos. Los Testigos de Jehová fueron discriminados durante el servicio militar de sus fieles, no permitiendo la práctica común llevada a cabo con otros credos religiosos de permitir a sus autoridades el exceptuarse, y obligando a todos a hacer cuatro años de servicio (tres más que el resto de los ciudadanos) siendo, además, sometidos a torturas y asesinatos. Los descendientes de amerindios vieron cómo las villas miserias eran arrasadas por los distintos planes de erradicación, sobre todo en el marco de la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 1978.

El Proceso llevó a cabo distintas actuaciones relacionadas con los hijos de los secuestrados, entre los cuales hubo incluso mujeres embarazadas, las cuales dieron a luz, en muchos casos, en cautividad.

Cuando en los domicilios de los "objetivos" de los grupos de tareas había niños, éstos podían ser secuestrados (chupados) o dejados en la casa de algún vecino. La práctica habitual de los grupos de tareas fue el hacer la repartija de los niños secuestrados, dándolos en adopción a familias de militares o de civiles relacionados con las Fuerzas Armadas. De todos modos, en el informe Nunca más (libro) Nunca Más también hay testimonios de secuestrados que afirman haber escuchado los gritos de sus propios hijos mientras eran torturados, lo cual era una estrategia de tortura psicológica hacia los padres, con el objetivo de desmoronarlos moralmente.

Fue una práctica habitual, cuando los objetivos recibían la primera sesión de tortura en su domicilio al momento de ser secuestrados, el realizarlas independientemente de que pudiera haber niños presentes, los cuales eran testigos de todo el proceso.

En el caso de las mujeres embarazadas, el régimen de exclusión se volvía algo menos severo, pero la mujer no recibía prácticamente ninguna atención médica, incluso en el momento del parto, el cual podía realizarse en el suelo de su celda, el piso de una cocina, etc. Las mujeres daban a luz normalmente en soledad, o auxiliadas por otro secuestrado, y hay testimonios que certifican que, inmediatamente después del parto, las mismas madres debían limpiar los restos de sangre, placenta, etc., que habían quedado desperdigados.

Un informe de la inteligencia chilena estimaba el número de desaparecidos en 22.000 personas en 1978, según un informe de los EEUU.57 Hasta 2003 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina tenía registrados 13.000 casos. Según la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), creada al final de la dictadura por el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, el número de desaparecidos —de acuerdo a la cantidad de denuncias judiciales presentadas por víctimas y familiares— es de 8.961 personas, pero grupos defensores de los derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo y el Servicio Paz y Justicia, estiman que hubo 30.000 desaparecidos.

El plan económico del Proceso de Reorganización Nacional fue diseñado básicamente por José Martínez de Hoz, quien se desempeñó como ministro de Economía hasta el 29 de marzo de 1981. Martínez de Hoz siguió los, en ese momento, nuevos lineamientos económicos de la Escuela de Chicago (genéricamente incluida en el concepto de neoliberalismo), que habían sido implementados por primera vez por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, instalada en 1973. Con posterioridad esa orientación económica se volvería hegemónica en el mundo occidental, a partir de las reformas económicas del presidente Ronald Reagan en Estados Unidos ("reaganomics") y la primera ministro Margaret Thatcher, en Gran Bretaña. Lo acompañaron en el equipo económico, empresarios y abogados estrechamente relacionados con los grupos más conservadores, como Guillermo Walter Klein, Adolfo Diz (presidente del Banco Central), Juan Alemann, Cristian Zimmermann, Enrique Folcini, Jorge Zorreguieta y Francisco Soldati.

El plan económico fue presentado el 2 de abril de 1976, y tenía como objetivo explicitado detener la inflación y estimular la inversión extranjera. Se inició una reducción arancelaria que llegó a su máximo nivel en 1978, con la finalidad expresada de incrementar la competitividad de la economía argentina y promover sus «ventajas naturales». El resultado fue un proceso de importaciones masivas y un efecto desastroso sobre la industria. Grandes empresas industriales cerraron sus plantas: General Motors, Peugeot, Citroen y Chrysler, Siam, Decca (Deutz-La Cantábrica), la planta de vehículos utilitarios de Fabricaciones Militares, Aceros Ohler, Tamet, Cura, Olivetti, y otras miles de empresas industriales medianas y pequeñas. Para 1980 la producción industrial había reducido un 10% su aporte al PBI, y en algunas ramas como la hasta entonces extendida industria textil, la caída superó el 15% (Gerchunoff, 373).

Apoyado en una política laboral que produjo una profunda reforma de las leyes laborales, la prohibición de la huelga, la intervención militar de los sindicatos, y la política represiva del Terrorismo de Estado, Martínez de Hoz decretó el congelamiento de salarios y contuvo el descontento general, ante una caída del nivel de vida de la población sin precedentes. El salario real, sobre una base 100 en 1970, había subido a 124 en 1975. En 1976, en un solo año, cae bruscamente a 79, el nivel más bajo desde los años '30 (OIT 1988). Nunca más ha vuelto a recuperarse. Adicionalmente la pobreza, que desde los años '40 se ubicó siempre debajo del 10%, y que era del 5,8% en 1974, subió al 12,8% en 1980 y al 37,4% de pobreza en 1982 (INDEC, datos correspondientes al Gran Buenos Aires). El desempleo por su parte, se mantuvo relativamente estable, partiendo de un 3,8% en octubre de 1975 y dejando un 3,9% en octubre de 1983, con un pico del 6% en mayo de 1982 (durante la Guerra de Malvinas).

Con el objetivo de controlar la demanda de divisas y mantener una política de atraso cambiario, Martínez de Hoz implementó, a fines de 1978, un sistema de devaluación programada, apodado «la tablita». Junto con la Ley 21.526, de entidades financieras, promulgada en junio del año anterior, la tablita promovería la especulación financiera desmedida. La medida se tomó para intentar compensar las pérdidas ocasionadas a los ahorristas por la diferencia entre la tasa de interés pagada a los depósitos a plazo fijo y la inflación; para proteger a las entidades financieras, el Estado se hizo responsable del pago de los depósitos. El coste de estas medidas, que ocasionaron el cierre de más de 25 entidades crediticias, cuyos pasivos debió asumir el Estado, fue enorme; también lo fue para los consumidores, que debieron hacer frente a un mercado de crédito liberalizado, cuyas tasas aumentaron parejamente a las pagadas por los depósitos. Los créditos hipotecarios alcanzaron una tasa de interés del 100% anual, que resultó impagables para numerosos deudores, y condujo a una gran parte de la población a perder la propiedad de sus viviendas.

El resultado combinado de las políticas económicas internas y la situación financiera internacional de abundantes capitales buscando plazas de inversión, impulsó un nivel de endeudamiento récord. La deuda externa, que fue producto, incluso, de la estatización de deuda externa privada, se elevó de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983.61 El proceso de endeudamiento constituyó esencialmente una operación delictiva ejecutada por empresas nacionales y extranjeras, militares y agentes económicos, según se comprobó en el importante fallo de 196 fojas dictado el 13 de julio de 2000 en el caso «Alejandro Olmos c/ Martínez de Hoz y otros s/ Defraudación».

El conflicto del Beagle

En 1971 los presidentes Salvador Allende de Chile y Alejandro Agustín Lanusse de la Argentina habían acordado someter el diferendo por las islas al sur del Canal Beagle formalmente al Reino Unido, pero en su contenido a un tribunal arbitral compuesto por jueces elegidos consensuadamente por ambos gobiernos, todo esto en el marco del derecho internacional y los tratados vigentes.

El 22 de mayo de 1977 se da a conocer en Londres el laudo arbitral de 1977 que otorga a Chile las islas Picton, Nueva y Lennox junto a las islas adyacentes. Argentina obtiene la mitad norte del canal y las islas correspondientes.

La junta militar argentina declaró la sentencia «insanablemente nula» e inició la planificación de una guerra de agresión contra Chile para revertir el laudo arbitral. Los comandantes de las fuerzas armadas argentinas pusieron en marcha la Operación Soberanía la noche del 21 al 22 de diciembre de 1978, que fue abortada horas después cuando la junta aceptó la mediación papal en el conflicto.

Ninguno de los dictadores argentinos dio solución al conflicto desatado con el desconocimiento del laudo arbitral, recién en 1984 el Presidente Raúl Alfonsín, elegido democráticamente en 1983, reconoció lo resuelto por la mediación del Papa Juan Pablo II, poniendo fin así al conflicto con Chile.

La Guerra de las Malvinas

Durante el Proceso, el 2 de abril de 1982, el gobierno militar, a cargo del presidente Leopoldo Fortunato Galtieri, ocupó militarmente las Islas Malvinas, cuya soberanía ha sido ocasión de diferendos con Gran Bretaña desde el siglo XIX; dando así comienzo a la Guerra de las Malvinas.

La guerra finalizó el 14 de junio de 1982 con la rendición de Argentina. Su saldo final fue la reocupación de las Malvinas por el Reino Unido y la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 isleños. En Argentina, la derrota en el conflicto precipitó la caída de la Junta militar que gobernaba el país y la asunción del general Reynaldo Bignone, quien inició un proceso de restauración del sistema democrático.

Actualmente la Argentina reclama la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur (Constitución Nacional: Disposiciones Transitorias, Primera: La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional).

Artículo:

El golpe de Estado en el ámbito educativo El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón. El nuevo gobierno se auto tituló “Proceso de Reorganización Nacional” y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la “limpieza” de la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política, la fuerte censura sobre los medios de comunicación y el reemplazo del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente. A poco de andar, sin embargo, quedó en evidencia que las Fuerzas Armadas habían asumido el poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos, quienes pusieron en marcha un plan que terminaría por desmantelar el aparato productivo del país. Las Fuerzas Armadas pusieron todos los resortes del Estado al servicio de una represión sistemática y brutal contra todo lo que arbitrariamente definían como el “enemigo subversivo”. Los crímenes cometidos por los militares son hoy denominados en el derecho internacional como “delito de lesa humanidad”. Treinta mil desaparecidos, 400 niños robados y un país destruido fue el saldo más grave de la ocupación militar. Las persecuciones, la censura y la desaparición de personas se extendieron a todos los ámbitos de la vida y la educación no fue una excepción. A dos días del golpe, el contraalmirante César Guzzeti, delegado militar ante el Ministerio de Cultura y Educación, designaba uniformados en todas las direcciones nacionales y generales del Ministerio. Todas sus dependencias fueron ocupadas por miembros de las Fuerzas Armadas. Se trataba de disciplinar al sistema educativo, y erradicar de él los elementos “subversivos”. Así, el Ministerio de Educación publicó un panfleto denominado “Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo”, que tenía por objetivo “erradicar la subversión del ámbito educativo y promover la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad de ser argentino”. Por resolución Nº 538 del 27 de octubre de 1977, el folleto debía ser distribuido en todos los establecimientos educativos del país, entre personal docente, administrativos y alumnos, en caso de considerárselo adecuado. La desaparición forzada de personas fue muy extendida entre docentes, investigadores y estudiantes. En 1978, al mando del coronel Agustín C. Valladares se llevó a cabo la “Operación Claridad”, como se denominó al espionaje e investigación de funcionarios y personalidades vinculadas con la cultura y la educación. Valladares mantenía reuniones con directivos de los establecimientos educativos a fin de lograr que se cumplieran sus órdenes. Transcribimos a continuación el testimonio de Rubén Cacuzza, quien como rector de una institución educativa, participó en uno de aquellos encuentros: Fuente: Pablo Pineau, “Impactos de un asueto educacional. Las políticas educativas de la dictadura (1976-1983)”, en AA.VV., El principio del fin. Políticas y memoria de la educación en la última dictadura militar (1976-1983), Buenos Aires, Editorial Colihue, 2006, págs. 56-57. Fue en 1978 en el salón de actos del Colegio San José de la Capital Federal debajo de una bóveda cubierta de pinturas renacentistas. Había concurrido como rector apenas electo de un Instituto de la Provincia de Buenos Aires… A pesar de que el salón estaba a oscuras, por las hendijas de luz del retroproyector se podía ver que el coronel estaba con uniforme de fajina y con anteojos oscuros. En el salón, los rectores y rectoras de la enseñanza privada, en su gran mayoría monjas y sacerdotes, escucharon en silencio al coronel cuando agitando una revista Redacción lanzó improperios contra su director, Hugo Gambini, acusándolo de marxista, subversivo y otras del mismo tenor. El coronel estaba exasperado. En una rápida revisión retrospectiva de la historia de las ideas en occidente fustigó a Mao, a Marx y a Freud, al racionalismo iluminista dieciochesco, a Descartes por haber inventado la duda, a Santo Tomás por atreverse a intentar fundar la fe en la razón y se quedó en San Agustín, en el concepto de guerra santa y en el de la guerra justa que enarbolaron los conquistadores españoles para imponer la encomienda y la evangelización. El coronel estaba furioso porque desde la primera reunión en 1977, no había recibido ninguna denuncia a pesar de que había dado no sólo los teléfonos del Ministerio sino los de su domicilio particular. -¿Quiere decir que ni siquiera sospechan?- espectaba enojado y agregaba: -Mientras ustedes están en la tranquilidad de sus despachos nosotros hemos matado, estamos matando y seguiremos matando. Estamos de barro y sangre hasta aquí- dijo señalando sus piernas más arriba de su rodilla. Señaló con el dedo al auditorio silencioso y gritó: -¡Basta de ombligos flojos! Pasaron después una serie de acetatos con gráficos pertenecientes al folleto “Conozcamos a nuestro enemigo. Subversión en el ámbito educativo”. Folleto que fue entregado a los presentes. Y en el cierre hubo un documento filmado sobre las acciones del ejército contra la guerrilla en Tucumán. Finalmente, toda esa masa comenzó a abandonar el salón en silencio, caminado sin mirarse, hacia la puerta lentamente, concientes del terror en la piel porque en un año no habían denunciado a ningún docente de sus escuelas.

EL RETORNO A LA DEMOCRACIA

Jaqueado por las crecientes protestas sociales, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos, y la derrota en la guerra de las Malvinas, el Proceso decidió finalmente entregar el poder en 1983. Bignone, el último líder de la Junta Militar, se vio obligado a llamar a elecciones.

La campaña presidencial de 1983 opuso al candidato peronista Ítalo Luder, quien rechazaba una revisión de lo sucedido durante la dictadura otorgando legalidad a la ley de autoamnistía dictada por los militares, y al radical, Raúl Alfonsín, favorable al enjuiciamiento de los máximos responsables del terrorismo de estado (establecía tres niveles de responsabilidad). El 30 de octubre Alfonsín venció con el 52% de los votos provocando la primera derrota electoral del peronismo en la historia.
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ACTIVIDAD OBLIGATORIA:
1) Dar el presente en el sector comentarios.
2) Efectuar una breve explicación respecto del denominado "boom de la literatura latinoamericana" (ubicación programática: Unidad V, La literatura latinoamericana y sus mayores exponentes.
Es muy importante esta actividad porque entiendo que ya están en posición de efectuar una investigación propia sobre un tema particular como este. NO SE OLVIDEN DE PONER LAS CITAS DESDE DONDE SACARON EL MATERIAL. Pueden consultar bibliografía, páginas de internet, entrevistas a profesores de la institución (Delicio, Ivars, Melgin, etc.), etc. pero en todos los casos deben ser más de dos fuentes y estar debidamente consignadas.
Nos leemos la próxima semana...